Un obstáculo legal anacrónico
En un contexto donde la inclusión y la igualdad son pilares fundamentales de la sociedad, sorprende que alrededor de 50 municipios en España mantengan regulaciones que impiden a las personas con VIH ejercer como taxistas. Esta situación ha sido denunciada por la Comisión de VIH y Trabajo, una coalición que incluye sindicatos como CCOO y UGT, así como organizaciones sociales como CESIDA y FELGTBI+.
A inicios de este mes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, inició una investigación tras recibir una denuncia de UGT Murcia. Este movimiento ha puesto en evidencia un problema que afecta no solo a la región murciana, sino que se extiende a grandes ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.
Las ordenanzas municipales obsoletas exigen que los solicitantes de licencias para conducir taxis no padezcan enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, expertos en salud pública han señalado que no hay justificación científica para excluir a personas con VIH de estas ocupaciones. La permanencia de tales requisitos perpetúa estigmas y prejuicios dañinos.
Las organizaciones involucradas han hecho un llamado urgente para revisar estas normativas desfasadas. Proponen reemplazar el requisito actual por un simple certificado médico que confirme que el solicitante no tiene impedimentos físicos o psíquicos para desempeñar su labor. Este cambio es crucial para garantizar el derecho al empleo sin discriminación.
El veto abarca localidades en siete comunidades autónomas:
- Canarias: 20 municipios incluyendo Adeje y Las Palmas.
- Región de Murcia: 14 municipios como Alcantarilla y Lorca.
- Andalucía: 7 municipios incluyendo Sevilla y Málaga.
- Comunidad de Madrid: 3 municipios como Madrid capital.
