La realidad detrás de la visita de la ministra de Sanidad
El reciente viaje de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta ha puesto en el centro del debate la situación crítica que enfrenta el sistema sanitario local. A pesar de sus declaraciones sobre la supuesta estabilidad alcanzada tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio, los testimonios de los profesionales sanitarios cuentan una historia muy diferente.
Según datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 45.480 urgencias en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), lo que representa un promedio diario de 166 pacientes. Sin embargo, el Sindicato de Enfermería de Ceuta (SATSE) denuncia que durante los días críticos se atendieron hasta 500 urgencias en un solo día, con cifras diarias que oscilan entre 270 y 370 pacientes. Esta situación ha llevado a los enfermeros a trabajar bajo una presión extrema, con ratios alarmantes que alcanzan entre 14 y 16 pacientes por enfermera.
A medida que avanzaban los días desde la crisis inicial, el perfil clínico también ha cambiado drásticamente. Los primeros casos atendidos incluían ahogamientos e hipotermias, pero ahora se están viendo enfermedades más complejas como tuberculosis, síndromes febriles y sarna. El Colegio de Enfermería ha calificado esta situación como un “colapso real”, instando a las autoridades a declarar un estado de alarma debido a la saturación extrema.
No solo los profesionales sanitarios están sufriendo las consecuencias; también los agentes policiales desplegados durante esta crisis han reportado problemas serios. Según fuentes del sindicato JUPOL, al menos dos policías han contraído sarna tras participar en las operaciones en Ceuta. La falta de equipos adecuados para su protección ha sido criticada duramente, ya que las mascarillas entregadas llegaron con retraso y estaban caducadas.
A pesar del discurso optimista del Ministerio sobre una disminución del 72% en la presión asistencial desde el pico inicial, muchos trabajadores consideran que estas afirmaciones ocultan una realidad mucho más grave. Las enfermeras locales afirman que las cifras siguen siendo superiores a lo habitual y acusan al gobierno central y al INGESA de manipular datos para minimizar la crisis.
A medida que se intensifican las críticas hacia el manejo gubernamental, tanto enfermeros como policías exigen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar laboral. La situación actual no solo pone en riesgo su salud física sino también su salud mental ante jornadas maratonianas sin descanso adecuado.
